Crímenes silenciados, Durante los años del terrorismo, los grupos subversivos persiguieron, torturaron y ejecutaron a un número no identificado de mujeres trans y homosexuales en la selva peruana. Las consideraban inmorales para la sociedad.
El Estado peruano no ha investigado la dimensión de estos crímenes de odio; no sabe cuántas fueron las víctimas ni reparó a los sobrevivientes. En este reportaje se recogen testimonios inéditos de personas LGBTI de San Martín, Ucayali y Loreto que resistieron a los años del terror, y narra el avance de la violencia contra este colectivo, a manos de nuevos perpetradores.
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El texto que se presenta a continuación es un extracto del capítulo “Pucallpa: persecución y muerte”.
Las marcas en su tronco narran otra historia
La Lupuna es uno de los gigantes verdes de la Amazonía. Un árbol que puede llegar a medir 70 metros de altura, y al que se le atribuyen propiedades medicinales y creencias míticas.
Uno de estos ejemplares resiste desde hace más de 200 años en Pucallpa, en la región Ucayali, y es la atracción turística de un parque que lleva su nombre. Sin embargo, las marcas de bala en su tronco narran otra historia: a sus pies eran arrojados los cadáveres de ladrones, drogadictos, prostitutas y homosexuales que fueron acribillados por los terroristas a finales de los años 80.
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El primer documento oficial que confirma estos crímenes es el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), grupo de trabajo creado para analizar el conflicto armado y formular propuestas de reparación.
El texto se publicó en 2003 y narra cómo los grupos subversivos aplicaron una política de “limpieza social” contra aquellos que consideraban seres indeseables para la comunidad, por ejemplo, las personas LGBTI. Una acción que el sociólogo José Montalvo Cifuentes atribuyó a los mandatos culturales y extremismo ideológico promovidas por estas organizaciones criminales.
El informe de la CVR se desarrolla en nueve tomos, pero la violencia contra las personas LGBTI se describe en apenas un par de páginas y en base a cuatro casos identificados. Se trata de las masacres en el distrito de Aucayacu, Huánuco, en 1986; en el sector La Hoyada, Pucallpa, en 1988; y dos crímenes en la ciudad de Tarapoto, San Martín, en 1989.
“Día Nacional Contra los Crímenes de Odio”.
Uno de estos es el asesinato de una persona que apareció con el cartel “Así mueren los maricones”, y el otro es la matanza en la discoteca Las Gardenias que ocurrió el 31 de mayo de 1989, y entre los que se encontraban miembros de la comunidad LGBTI. En su memoria, cada 31 de mayo es recordado como el “Día Nacional Contra los Crímenes de Odio”.
Estos hechos —junto con el testimonio que en 2008 daría el sobreviviente Roger Pinchi Vásquez, sobre lo que le ocurrió a él y a su hermana Fransua Pinchi— son los únicos identificados por el Estado peruano como crímenes de personas LGBTI durante los años de terror.
La Hoyada fue el patíbulo y el punto de escape. Decenas de personas trans y homosexuales formaban colas en la ribera para subir a embarcaciones que las llevarían a la vecina ciudad amazónica de Iquitos, en la región Loreto, que por carecer de acceso terrestre prometía ser un refugio temporal ante el avance del terror.
En el barrio recuerdan haber despedido a varias compañeras que se vieron forzadas a migrar, entre 1985 y 1990, luego de escuchar que sus nombres habían sido incluidos en la suerte de lista mortal.
Crimenes silenciados
Uno de los que vivió en esta zona, en los años del terror, es Sergio Venegas, un diseñador de modas reconocido en Pucallpa por los impactantes vestidos de gala que crea para concursos y desfiles LGBTI. Allí, entre lentejuelas y fardos de telas que recrean su mundo de glamour, recuerda que tuvo que enrolarse en la Marina de Guerra para esconderse de Sendero Luminoso.
Cuando regresó, las acciones subversivas habían escalado. Las compañeras que no ocultaban su identidad de género eran asesinadas y arrojadas al río Ucayali o aparecían muertas en los jirones Espinar, El Arenal y lo que antes era el sector Pacacocha.
Los datos incluidos en el informe de la CVR coinciden en indicar que “la mayoría de los cadáveres [de personas LGBTI] fueron arrojados a los ríos y botaderos”.
Sociólogos que han analizado la violencia terrorista, como Montalvo Cifuentes, coinciden en que los senderistas aprovecharon los prejuicios existentes en la sociedad para justificar sus crímenes. Su consigna era eliminar a los que consideraban “lacras sociales” y, de paso, ganar el respaldo de quienes pensaran lo mismo. Y lo lograron.
“Un sector de los pobladores aceptó [los asesinatos] como oportunos, pues les otorgaba mayor seguridad y tranquilidad. La demanda social condujo a algunos núcleos poblacionales a desear la presencia de los senderistas para realizar campañas de limpieza”, señala el informe de la CVR.
Este respaldo social y el estigma contra las personas LGBTI hicieron que los familiares de las víctimas y sobrevivientes adopten un perfil bajo y no busquen justicia.
Tras el cese de la violencia, Sergio bautizó su taller de costura como Casa Hogar Niño Gay y alojó por cortos períodos de tiempo a compañeros homosexuales que se veían forzados a abandonar sus viviendas por maltratos. También participó como promotor de salud en proyectos de prevención y tratamiento del VIH en su comunidad. Convirtió el miedo en resistencia.
El mismo contexto de violencia impulsó a su amigo Carlos Vilca Abal a fundar, en 2007, el Movimiento Cultural Igualdad y Futuro (Mocifú). Su objetivo es capacitar en temas de derechos humanos y liderazgo a las compañeras LGBTI de Pucallpa para que estos crímenes no se repitan.
