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Aunque parecía algo sencillo, surgen sombras sobre el futuro del alcalde de Tahuanía, Fernando Arechaga, al recordarse que el 27 de enero de este año, se promulgó la Ley 31676 que modificó el artículo 381 del Código Penal, estableciendo penas severas para “el funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga a persona en quien no concurren los requisitos legales para un cargo público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa.” Igual pena es para quien acepta el cargo indebidamente.
Hasta el 27 de julio de este año, pasaron 6 meses en que el gerente de asesoría jurídica de la municipalidad de Tahuanía, estaba ocupando un cargo de manera indebida, según lo ha precisado la propia Contraloría.
EXCONSEJERO REGIONAL COMETIÓ DELITO AL OCUPAR GERENCIA JURÍDICA
Nombramiento Ilegal de Funcionario en Tahuanía: Preocupación y Delito Penal
La situación en el distrito de Tahuanía, provincia de Atalaya, ha generado preocupación y controversia debido al nombramiento ilegal del exconsejero regional Albares García Laureano como Gerente de Asesoría Jurídica en la municipalidad distrital. El alcalde, Luis Fernando Arechaga García, quien también es técnico en enfermería y miembro de Acción Popular, está en el centro de la polémica al no haber comunicado medidas preventivas y correctivas a la Contraloría.
Incumplimiento de Normativas y Consecuencias Legales
El nombramiento del exconsejero regional como Gerente de Asesoría Jurídica ha generado un conflicto legal debido a que contraviene el artículo 11 de la Ley 30225, la cual prohíbe que los exconsejeros regionales sean contratados por el Estado durante doce meses después de concluir su mandato.
Este hecho ha sido señalado por el abogado Oscar Ramírez Palacios, experto en temas de contratación, quien advirtió que tanto el alcalde como el exconsejero podrían haber incurrido en un delito tipificado en el artículo 381 del Código Penal, conocido como «nombramiento o aceptación ilegal del carga».
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Antes del 27 de enero de este año, el delito de nombramiento ilegal de cargo tenía penas leves, pero la Ley 31676 modificó el Código Penal, proponiendo penas más severas para quienes incurren en estas acciones. La modificación contempla penas privativas de libertad de dos a cuatro años, además de días-multa.
Consecuencias Potenciales y Reacción de la Comunidad
En el caso de comprobarse la culpabilidad del alcalde Luis Fernando Arechaga García, este podría no enfrentar solo consecuencias legales, sino también políticas, incluida la posibilidad de vacancia según la Ley Orgánica de Municipalidades. La Contraloría ha identificado otras irregularidades en la gestión del alcalde, lo que aumenta la preocupación en la comunidad.
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Responsabilidad Compartida y Conocimiento de la Ley
El abogado Ramírez Palacios señala que tanto el que nombra como el que acepta un cargo indebido no pueden alegar el desconocimiento de la ley, ya que desde enero de este año se ha dado a conocer públicamente la prohibición de estos nombramientos. La contravención de esta normativa se ha vuelto más seria y susceptible de acciones legales.
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Reflexión sobre Implicaciones Futuras
La situación en Tahuanía no solo resalta la importancia de respetar la ley en cuanto a contratación pública, sino que también cuestiona la ética y responsabilidad de los funcionarios en cargos de autoridad. La comunidad local se encuentra inquieta y plantea preguntas sobre la coherencia de otras acciones en la administración pública.
Tres Situaciones Adversas Identificadas por la Contraloría
La Contraloría emitió el Informe N° 023-2023-OCI/2683-SVC, donde se evaluó el período del 2 de enero al 14 de julio. Se identifiquen tres situaciones adversas en la municipalidad de Tahuanía:
- Nombramiento Ilegal de Gerente de Asesoría Jurídica.
- Exceso en la Contratación de Funcionarios de Confianza.
- No Actualización de Instrumentos de Gestión de Recursos Humanos.
Estas situaciones podrían afectar el proceso, el resultado y los objetivos de la municipalidad, causando preocupación en la comunidad local. La Contraloría ha notificado al alcalde Arechaga sobre estas conclusiones, y el plazo para presentar un informe de respuesta aún está vigente.
