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IMPETU: Pero el Hospital no es el único que ha sufrido este tipo de robos. Hay otros ¿Qué se sabe de eso?
GOMER SANTOS: Somos un despacho que tenemos los casos de Manantay, de Padre Abad y también de Atalaya.
– ¿Cómo está cada uno de esos casos?
GS: En el caso de Manantay ya tenemos un requerimiento acusatorio está en etapa intermedia y asistiremos a las audiencias que se convoquen. Allí se sustrajo un millón tres mil soles. Hace tres semanas se llevó una audiencia de prisión preventiva contra dos cabezas visibles de esta sustracción.
Me refiero a Iván George Cárdenas Villa Orduña y a Víctor Alberto Baltipiani. Durante dos años hicimos nuestro requerimiento y en el poder judicial sufrió reprogramaciones, frustraciones. Finalmente, el juez resolvió nueve meses de prisión preventiva para ambos. En el caso del Jorge Eli Sánchez Rodríguez nos ha declarado infundado, pese a que esta persona también ha sido una de las figuras importantes en esta sustracción de dinero.
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Nosotros incluimos a Eli Sánchez porque no solamente hablamos de un millón tres mil soles que se sustrajeron en forma física si no existía en ese momento también la intención de sustraerse un millón 205 mil soles más. Es decir, estamos hablando aproximadamente que se iban a sustraer dos millones doscientos mil soles de las arcas de la municipalidad. Sin embargo, solamente sustrajeron un millón tres mil soles. El 17 o 18 de julio de 2019 aproximadamente a las 10 de la noche una mano misteriosa cambió una clave de acceso y ese simple cambio de una firma autorizada hizo de que ya no se siga sustrayendo el millón doscientos mil soles más que ya estaba certificado.
– ¿De quién sería esa mano misteriosa?
GS: Hay indicios que nosotros tenemos respecto de quién pudo, a última hora, haber cambiado la clave de acceso y evitó la sustracción de un millón doscientos mil soles más, porque Contraloría General de la República también ha hecho una investigación minuciosa sobre este incidente y las sospechas apuntan de que la segunda clave de la firma suplente fue cambiada por uno de los actores imagino en un plan de arrepentimiento probablemente.
¿Quién es la persona con acceso para cambio de clave? En el sistema se tiene la información porque en ese tiempo el único que tiene autorización para realizar o crear o cambiar o dar de baja las claves es el administrador. Según las normas es el jefe de OGA, oficina general de administración, el único facultado para cambiar claves para generar claves o para dar de baja claves y esta persona está siendo investigada en calidad de imputado.
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– ¿Y en los casos de Atalaya y de Padre Abad?
GS: En Padre Abad se sustrajeron más de 10 millones de soles. Hubo cuatro receptores de dinero en la misma modalidad. Los convencieron a cambio de un porcentaje para que cobren ese dinero y entregarlo a determinadas personas. Es un tema más complejo que Manantay. Primero por el monto. En cuanto intervinientes, en el caso Manantay son 7 a 8, en Padre Abad, se puede contar hasta 20 intervinientes, han requerido el concurso de más gente para concretar esa sustracción. Inclusive la fiscalía de lavado de activos de Lima viene desplegando amplia investigación contra los receptores de este dinero y se ha establecido una ramificación enorme del dinero.
Estamos hablando de hasta cuatro a cinco manos que ha podido pasar el dinero de Padre Abad. Personas localizadas en Lima, en Tingo María en Pucallpa y personas que inclusive no aparecen como figuras visibles de esta sustracción, pese que fiscalía tiene las sospechas de que estamos hablando de las mismas cabezas que han sustraído en Manantay y también serían las mismas que habrían intervenido en el caso de Atalaya.
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-A propósito ¿Cómo está el caso de Atalaya?
GS: El doctor Pedro Salazar, adjunto de nuestra fiscalía, próximamente ya debe cerrar el caso y emitir pronunciamiento. Quiero indicar que establecemos conexiones entre lo ocurrido en Manantay, con Padre Abad y con Atalaya. En Manantay aparece como una figura visible Iván George Cárdenas Villaorduña. En Padre Abad aparece como la persona que capta a receptores y quien se encarga de recabar el dinero y no sabemos qué destino le dio.
Iván Cárdenas Villaorduña ha sido individualizado en Manantay. Existe una prisión preventiva contra él y en Padre Abad se le ha requerido prisión preventiva. Hay otros nexos con una persona que se encuentra en el penal del kilómetro 12, capturado por el caso de Atalaya y cuyo nombre lo tenemos también en el caso de Padre Abad. Estamos casi convencidos que es la misma organización la que ha sustraído fondos en Manantay, Padre Abad y en Atalaya
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– ¿Podría hablarnos de los casos de Yarinacocha y Masisea?
GS: Masisea es un caso también muy complejo. Hay muchísimas operaciones que están siendo analizadas, investigadas. Nos ha costado mucho trabajo procesar información. El año pasado requerimos la prisión preventiva, pero la desestimó el poder judicial. Nosotros seguimos investigando porque si desestiman una prisión preventiva, una detención preliminar, el caso no se debilita o queda a medias tintas. Estamos proyectando la investigación a un eventual pronunciamiento con acusación por los indicios y las pruebas acopiadas.
Si bien es cierto las medidas restrictivas son importantísimas en su momento, sin embargo, si no proceden no significa el debilitamiento de la investigación. Estamos en etapa de formalización de investigación preparatoria y al tratarse de una presunta organización criminal el periodo de tiempo tenemos 36 meses de manera que estamos en plazo.
-En el caso que la Contraloría elabore un informe encontrando irregularidades y le pida a la autoridad que, en el plazo de 5 días informe sobre las acciones correctivas o preventivas ¿Si no lo hace, cometería una falta, un delito?
GS: Las relaciones de la fiscalía con contraloría general de la república son óptimas. En el despacho fiscal solicitamos el concurso de la contraloría general de la república para intervenciones y constataciones. Se les pide apoyo para las pericias institucionales o lo que ellos denominan exámenes de control, hitos de control o auditorías.
Siempre cada informe preparado, elaborado, se cuelga en su página web institucional. No hay informes que no sean publicados en la página web institucional. Cualquier ciudadano podría bajar cualquier informe, publicado por el principio de publicidad. Ellos publican sus informes cuando han sido autorizados, tamizados, controlados por Lima y se publica de manera que cualquier ciudadano puede remitirse a ella y poder bajar cualquier informe porque a nivel nacional publican sus informes de control.
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También, a través de sus procuradores, la Contraloría denuncia presuntas acciones delictivas ante el Ministerio Público. Nosotros como fiscalía podemos recibir denuncias inclusive anónimas, no somos tan formalistas exigiendo que la denuncia sea firmada por un abogado o en un formato determinado. Nos interesa la noticia criminal venga como venga. Muchas veces hemos abierto investigación por lo que publican medios de comunicación, si llega a conocimiento de nosotros, incluso en redes sociales. En el caso que un denunciante no quiere revelar su identidad, se le asigna un código y nos ayuda en la investigación.
– ¿Qué sucedería si esta información clasificada se filtra y aparece el código y aparece el nombre?
GS: Somos estrictos en la reserva. De acá no sale información sobre la identidad de un testigo protegido, de un colaborador. La información puede filtrarse o los coinvestigados pueden inferir o deducir quién es la persona informante. Ocurre cuando hay detenciones preliminares de cinco, diez personas, y alguien de ellos busca acogerse a la colaboración eficaz. Si los otros están detenidos y el colaborador es liberado, obviamente el resto va a entender y pensar que él es el único informante.
-Volviendo a la pregunta ¿Qué pasa con la autoridad que no cumple con la recomendación de la Contraloría?
GS: La Contraloría lo que hace es recomendar. En la parte final de sus informes, establece conclusiones y recomendaciones que, por principio del trámite, tiene que ser derivada al titular del pliego que, para ejecutar esas recomendaciones, tiene dos opciones: o acatar la recomendación o no hacerlo porque puede darse la posibilidad de que exista una discrepancia de orden jurídico. En el caso que no cumpla podría derivarse una responsabilidad administrativa del titular del pliego. Si los informes de control llevan inmersa presunta responsabilidad penal el titular del pliego también podría asumir responsabilidad penal, pero en este caso sería omisión en deberes funcionales y en todo caso es un delito común más no de corrupción de funcionarios.
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-En caso la autoridad no informe las acciones correctivas, ustedes ¿la pueden investigar?
GS: Cualquier ciudadano está facultado para denunciar. La propia entidad pública y la contraloría tiene un seguimiento de medidas correctivas para verificar si se está o no cumpliendo o ejecutando las recomendaciones. Cualquier persona puede recurrir al Ministerio Público a denunciar el delito de desobediencia o delito de omisión de deberes funcionales.
