Presos se burlan de bloqueadores para celulares

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Carlos Fernández, jefe del Programa para las Personas Privadas de Libertad, la Seguridad Ciudadana y, la Seguridad y Defensa Nacional de la Defensoría del Pueblo, advirtió que las deficiencias en el servicio de bloqueadores de señales telefónicas y la debilidad en la seguridad penitenciaria permiten la criminalidad dentro de cárceles.

Las deficiencias en el servicio de bloqueadores de señales telefónicas y la debilidad en la seguridad penitenciaria es una alianza perfecta que permite a los presos seguir delinquiendo desde las cárceles, advirtió Carlos Fernández, jefe del Programa para las Personas Privadas de Libertad, la Seguridad Ciudadana y, la Seguridad y Defensa Nacional de la Defensoría del Pueblo.

Detalló que de 33 penales que deben contar con equipos para impedir la realización de llamadas o conexión a Internet, según el contrato firmado por el Ministerio de Justicia (Minjus) y la empresa Prisontec en 2014, hasta ahora solo 17 los tienen operativos, pese a que el plazo establecido era el 2018.

“La instalación es progresiva, pero han pasado casi ocho años y todavía no se ha logrado instalar en los 33 penales que el contrato obliga y que establecía como fecha límite el año 2018 (…) El primero que se instaló fue en Cañete el 7 de junio de 2015 y el último que fue instalado es el de Huánuco el 13 de enero de este año”, señaló.

“Esto evidencia lo lento que es el sistema mientras la criminalidad es mucho más versátil y se acomoda a cualquier panorama”, agregó.

Además, como ha quedado constatado en el penal El Milagro, en Trujillo, desde donde se organizaban extorsiones y secuestros, el servicio brindado parece ser defectuoso, algo que no puede comprobarse por la falta de una empresa supervisora.

“El contrato establece la obligación de contratar a una empresa supervisora de la calidad del servicio, pero hasta la fecha el Minjus no la ha contratado, por lo que no hay ninguna entidad técnica que verifique si el servicio sirve o no, pero las pruebas evidencian que la prestación del servicio no es efectiva y por eso hay filtraciones”, refirió.

Cárceles de alta peligrosidad sin bloqueadores

Fernández sostuvo que los 33 penales priorizados para la instalación de bloqueadores son los de mayor peligrosidad y, pese a ello, aún no hay servicio en cuatro: Pucallpa, Piura, Arequipa e Iquitos.

“Preocupa la demora en la instalación de bloqueadores en el penal de Piura porque es uno de los más hacinados y complejos a nivel nacional y por las características de la población penal que allí se encuentra. En la parte norte de nuestro país la actividad criminal es bien fuerte, seguidamente Arequipa y Pucallpa”, refirió.

Además, en 12 penales están en etapa preoperativa, es decir, en marcha blanca y no funcionan al 100%.

En un informe, el equipo técnico del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), reveló que solo un 7.29% de los más de 88 mil presos pueden ser vigilados de forma adecuada, debido a la falta de recurso humano.

“El incremento de la población penitenciaria y su reclusión a lo largo de los años en los mismos de establecimientos penitenciarios, con las mismas unidades de albergue, limita el garantizar unas adecuadas condiciones de seguridad al sobrepasar la capacidad en infraestructura, logística y de capital humano”, advierte el documento.

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