16 meses de prisión preventiva para catedrático de la Unheval

16 meses de cana para catedrático

En una serie de audiencias que han sacudido a la comunidad universitaria y a la opinión pública en general, la jueza Merari Trujillo Padilla, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, emitió una decisión parcialmente fundada en el caso de corrupción que involucra al profesor José Luis Castro Céspedes, la economista Laura Yudith Huarauya Campos y la estudiante Inés Silva Evangelista de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Este caso ha generado indignación debido a las acusaciones de soborno y manipulación de calificaciones. A continuación, detallamos los acontecimientos y las medidas adoptadas por el tribunal.

La Decisión Judicial

Luego de varios días de audiencias y análisis de pruebas, la jueza Trujillo Padilla declaró parcialmente fundada la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público contra José Luis Castro Céspedes, profesor de la mencionada universidad. Sin embargo, la estudiante Inés Silva Evangelista recibió una medida diferente: restricciones como regla de conducta. Estas decisiones judiciales han marcado un hito en el proceso legal relacionado con un escándalo que ha conmocionado a la institución académica y a la sociedad en su conjunto.

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Medidas para el Imputado

Como parte de las medidas cautelares para el profesor José Luis Castro Céspedes, quien está siendo investigado por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho propio continuado, se ha impuesto una fianza económica de tres mil soles, que deberá pagar en seis cuotas. Además, se le prohíbe salir de su residencia sin autorización previa y se le ha impuesto una restricción de salida del país que se mantendrá durante 16 meses. Estas medidas buscan asegurar la presencia del imputado en el proceso judicial y prevenir su posible fuga.

Los Hechos en Cuestión

El caso gira en torno a acusaciones de soborno por parte de José Luis Castro Céspedes, quien presuntamente cobraba entre 150 y 200 soles a estudiantes a cambio de aprobar cursos académicos. Estos cursos incluyen materias como muestreo, estadística inferencial no paramétrica, teoría del crecimiento económico y econometría I. La acusación sostiene que los acusados, incluyendo a Laura Yudith Huarauya Campos y la estudiante Inés Silva Evangelista, utilizaron a estudiantes de otros grados para atraer a jóvenes que, según la tesis del fiscal, fueron evaluados de manera intencionalmente deficiente para forzarlos a pagar las sumas solicitadas por los presuntos cómplices del docente.

Inicio de la Investigación

El caso se remonta al 22 de noviembre de 2022, cuando dos estudiantes de la Facultad de Economía denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción irregularidades en la aprobación de cursos académicos. Con pruebas sólidas presentadas por los denunciantes, la Fiscalía y la policía Anticorrupción iniciaron un operativo que resultó en la detención en flagrancia de Richard Enrique Morales Valerio. En el momento de su arresto, se encontraron billetes que habían sido previamente fotocopiados. Morales Valerio admitió que transportaba el dinero cobrado a los estudiantes y lo entregaba a Huarauya Campos a través de la aplicación de transferencias Yape.

La Investigación en Curso

Con esta información crucial, la fiscal Luz Sánchez Figueroa y el personal del Departamento Descentralizado de Investigación Contra la Corrupción realizaron una serie de actos investigativos. Entre ellos, destacan las declaraciones de estudiantes que confirmaron haber pagado para obtener aprobaciones en los cursos impartidos por el profesor José Luis Castro. El proceso de investigación está en marcha y se espera que se revelen más detalles a medida que avance el caso.

Conclusiones

Este escandaloso caso de corrupción en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de la integridad académica y la necesidad de medidas estrictas para prevenir y castigar actos de corrupción en el ámbito educativo. Las medidas adoptadas por el tribunal demuestran el compromiso de la justicia peruana en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los principios éticos que deben regir en las instituciones educativas. A medida que la investigación avance, se espera que se haga justicia y se castigue a los responsables de este escandaloso episodio.

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