María Tarazona no llegó a ser nombrada como directora adjunta del Pronabec por el Minedu.

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El Ministerio de Educación (Minedu) dejó sin efecto el nombramiento de María Tarazona como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Así lo dispuso la Resolución 439-2022-Minedu, firmada por el titular del sector, Rosendo Serna, y que será publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, esto se adoptó días después de que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) concluyera que Tarazona Alvino no cumplía los requisitos para ocupar el cargo.

Según un informe, se determinó que, Alvino no cumple con el requisito mínimo de 4 años de experiencia específica en la función o materia, establecido en el numeral 14.5 del artículo 14 del Reglamento de la Ley N° 31419.

Según lo redactado en el documento, señala que, “Iniciar las acciones administrativas correspondientes a fin de dejar sin efecto la designación de la señora María Abigunda Tarazona Alvino, como Directora Ejecutiva del Pronabec, toda vez que no cumple con el requisito mínimo de 4 años de experiencia específica en la función o materia”

También se detalló que la trayectoria de docente exviceministra fue validada como experiencia específica, pero aclaró que dichas labores como profesora de instituciones educativas no están vinculadas con los ejes temáticos del Pronabec.

La entidad evaluó que, “En ese sentido, la medida correctiva resulta idónea, toda vez que tiene como objetivo que la Entidad revierta el incumplimiento identificado, a través del término de la designación de una persona que no cumple con un requisito mínimo previsto en el Reglamento de la Ley N° 31419″.

María Tarazona envió un escrito al ministro de Educación, Rosendo Serna, solicitando que se inhiba de ejecutar su retiro del cargo o cualquier otra actuación administrativa que “menoscabe” sus derechos constitucionales o laborales.

También enfatizó que deberá ser notificada previamente de cualquier decisión que se adopte sobre su caso que suponga una afectación de sus “derechos subjetivos” o “intereses legítimos”.

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