La policía captura al camarada “César”

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La Policía Nacional del Perú anunció este miércoles la captura de Rafael Ichpas Muñoz, uno de los presuntos implicados en el asesinato de siete policías en el VRAEM. También conocido como Camarada “César” y “Oscar”, este presunto terrorista había sido detenido en 2019.

De 24 años y natural de Huancavelica, “César” fue intervenido en el centro poblado de Río Venado, en Satipo, Junín.

“Él se encontraba en un pueblo alejado de la ciudad, por unas chacras. Hasta ese lugar ha llegado personal de la Dircote, lo estuvieron observando hasta que se dio el momento oportuno (de capturarlo). No puso resistencia y por la seguridad de nuestros efectivos, también tenían que salir de la forma más rápida del lugar”, señaló en una conferencia de prensa, el jefe de la Dircote José Zavala.

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Este sujeto estuvo preso 36 meses (capturado en 2019) y salió por exceso de carcelería en 2022. Posteriormente, la justicia reactivó su orden de captura y se procedió a su detención, nuevamente.

Las emboscadas terroristas en la que se vio implicado Ichpas Muñoz fueron dos: la primera, al vehículo de la policía de carreteras de Churcampa, el 6 de septiembre de 2017, en Paucarbamba (Huancavelica); y el otro ataque fue dirigido a los efectivos de la comisaría de Anco, de la Dipol Huanta, y el Frente Policial el 7 de junio de 2018.

“Él ha reconocido en el trascurso de las investigaciones su participación, qué actividades realizó en cada uno de estos atentados”, agregó Zavala.

“En estas acciones, ejecutó como guía de la columna guerrillera que realizó esta actividad execrable y también el reglaje a los vehículos patrulleros, por dónde se desplazaban y también al momento de la ejecución del mismo, también participó activamente”, remarcó.

Más sobre este tema

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Artículo siguienteComo un preámbulo a las movilizaciones que se realizarían en los próximos días, el titular de la PCM, Alberto Otárola Peñaranda aseguró ante los medios de comunicación el último martes que no habría «ninguna ‘Toma de Lima'». Estas declaraciones fueron realizadas luego de que fuera consultado respecto a las delegaciones de manifestantes contra el gobierno de Dina Boluarte que anunciaban su llegada a la capital para los primeros días de marzo. Pero la percepción de Otárola no sería del todo tajante. Un documento confidencial muestra que, desde el 22 de febrero, la Policía Nacional del Perú (PNP), tenía conocimiento de las movilizaciones de protestas en contra de Boluarte. Las cuales incluso fueron denominadas como «segunda toma de Lima». El oficio detalla que, luego de sostener una reunión con algunos dirigentes de la zona sur del Perú, los manifestantes acordaron «realizar la ‘segunda toma de Lima’ el 1 de marzo»; para la que diferentes delegaciones se han empezado a movilizar desde el 25 de febrero. Alberto Otárola tras anuncios de protestas manifestó su posición «no va a haber ninguna ‘Toma de Lima’, lo aseguro». Según el documento, la PNP espera que ciudadanos de diversas partes del país que se dirigen a la capital «se reúnan con integrantes de diversos grupos gremiales». La misiva precisa que desde hace al menos una semana se sabía sobre la referida marcha, por lo que incluso la Policía habría tomado sus precauciones respectivas. Otárola buscará preservar «la relativa paz que se ha conseguido» Además de negar la realización de una manifestación que ya ha sido anunciada para este miércoles, el primer ministro de Dina Boluarte enfatizó que «la Policía siempre va a actuar respetando la vida, la integridad, los derechos fundamentales y las libertades de todos los peruanos», pese a que en el documento presentado se visualiza una criminalización previa a la protesta. El comunicado señala que los manifestantes buscarían «coordinar actos vandálicos en la ciudad capital, para atentar y/o destruir instalaciones estratégicas, activos críticos nacionales, ministerios, Poder Judicial, Ministerio Público, embajadas, comisarías, sedes militares, desplazamiento de personas» e incluso, el mismo domicilio de la presidenta Dina Boluarte, así como el de otras autoridades civiles.

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