Los enfrentamientos entre la Policía Nacional del Perú y los manifestantes que piden el cierre del Congreso, la nueva Constitución y el adelanto de elecciones, ya provocaron al menos 47 muertos por armas de fuego y causas relacionadas a las movilizaciones. Sin embargo, el voto de confianza emitido por el Parlamento hacia el investigado por genocidio premier, Alberto Otárola, podría radicalizar aún más las protestas, que ya empiezan a dejar un sabor a crisis en Ucayali.
Y es que la gota que colmó el vaso fue la matanza registrada el lunes último en la ciudad de Juliaca, que dejó 7 muertos ‑‑incluido un policía calcinado‑‑ y 52 heridos. Este enfrentamiento ya es considerado por la prensa internacional como el episodio más violento en el Perú tras más de dos décadas, desde la guerra terrorista y la dictadura de Alberto Fujimori.
Un día después, La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro de Defensa, Jorge Chávez; y el ministro del Interior, Víctor Rojas; por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. La investigación también incluye al expresidente de la PCM, Pedro Angulo; y al exministro del Interior, César Cervantes.
Estos delitos habrían sido cometidos durante las manifestaciones de los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Si bien en los últimos dos días no se registraron fallecidos por enfrentamientos, la Defensoría del Pueblo informó que en Cusco 22 personas resultaros heridas, entre policías y manifestantes; también, 68 puntos de carretera permanecieron bloqueados en todo el territorio nacional. Asimismo, se produjeron movilizaciones en al menos 32 provincias, dentro de las cuales se encontraba la provincia de Padre Abad, en Ucayali.
La situación es tan caótica que el Colegio de Abogados del Perú, a través de más de diez de sus decanos, exigió a las Fuerzas Armadas y a la PNP el cese del uso de armas de fuego en contra de la ciudadanía. Asimismo, la carta pide que la Comisión Permanente del Congreso que acuse a la presidenta Boluarte, al premier Otárola, y a los ministros Chávez y Rojas, de la comisión del delito de homicidio.
Asimismo, el gremio solicita la interpelación de dichos ministros, y se le demanda al defensor del Pueblo que inicie una investigación sobre los últimos hechos de violencia y el nivel de responsabilidad de las autoridades.
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En Ucayali, de acuerdo al apu Lizardo Cauper, dirigente del Comité Regional de Lucha, esta semana se reunirán las asociaciones civiles para decidir si se suman o no a las radicales medidas tomadas en las regiones del sur. Aunque, desde la semana pasada, ciertos sindicatos ‑‑sobre todo indígenas‑‑ han empezado a movilizarse por las principales calles de Aguaytía y Pucallpa.
“En vista de los lamentables hechos que sucedieron en Puno y Cusco, al ver que nuestros congresistas nos han traicionado una vez más dando el voto de confianza a un Consejo de Ministros genocida, como pueblos indígenas y población civil nos vemos en la obligación de salir a las calles y hacernos escuchar”, dijo.
Del mismo modo, indicó que una comisión de los gremios ucayalinos irá a la ciudad de Lima para sumarse a las marchas que pedirán el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones para este año y la creación de una nueva Constitución.
Por su parte, el presidente del Frente de Defensa de Padre Abad, Isaac Miraval, afirmó que los sindicatos de Aguaytía y las demás localidades de la provincia se encuentran en movilización permanente, pero descartó que se lleven a cabo bloqueos en la carretera Federico Basadre como los que tuvieron lugar durante las últimas semanas de diciembre.
El dirigente mencionó también que todas las noches se llevan a cabo vigilias en la capital provincial en homenaje a los muertos que van dejando las manifestaciones en el centro y sur del país. “Hemos cambiado de estrategia, el bloqueo de carreteras no se llevará a cabo para no perjudicar a la población, pero eso no quita que nos declaramos en movilización permanente”, agregó.
Miraval afirmó que las protestas en Ucayali también son dirigidas a los congresistas en representación de la región, a quienes declararon personas no gratas por no representar los intereses de la población. “Ya no les reconocemos como nuestros representantes. Para nosotros se trata de un Congreso ilegítimo”, concluyó.
