Cocales y narcotráfico ganan terreno bajo amenazas en Ucayali

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Perdiendo territorio. En solo un año – 2020 al 2021 – los cultivos ilegales de siembra de hoja de coca se triplicaron en Ucayali. En tanto que, desde el 2014, al menos siete líderes indígenas, fueron asesinados por oponerse a la deforestación y al tráfico de tierras promovidas para cultivar cocales.

De acuerdo con un reciente reporte de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), de 3 mil 822 se pasó a 10 mil 151 hectáreas de cocales. Esta cifra muestra un aumento del 266%; y pone a Ucayali como el departamento con el mayor crecimiento de superficie de siembra ilegal de coca. Le sigue Loreto (en la frontera con Brasil y Colombia, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla con 163%, y Puno (Sandia), con 122% de incremento de cocales.

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Siguiendo las cifras de Devida, en el distrito de Callería, donde está la capital de Ucayali, en un año (2020-20219 se pasó de 2,453 hectáreas a 6,004 hectáreas. Es decir, los cultivos de coca aumentaron en 144.8%. Mucho más que en Aguaytía donde, en el mismo período, de 1,364, se pasó a 2,475 hectáreas. Es decir, un incremento de 81.5% de cocales.

Según información de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, en la región se han identificado, al menos 63 pistas clandestinas para el trasteo de droga en avionetas ilegales. Estas pistas clandestinas, aparecen campantes y operativas. En varias ocasiones los comuneros indígenas han encontrado la ubicación de dichas pistas. Y eso les ha costado amenazas.

Las Fuerzas Armadas han destruido algunas pistas, pero las organizaciones criminales vuelven a utilizarlas o construyen otras. En el 2022, en todo el país, se destruyeron 64 narcopistas. La Dirección Antidrogas de la policía, ha identificado e intervenido con frecuencia avionetas tipo Cessna, en su mayoría con matrícula de Bolivia. Estas naves aterrizan en las pistas clandestinas para cargar la cocaína y trasladarla hacia Bolivia o Brasil.

Las organizaciones y bandas criminales del narcotráfico, no solo amenazan de muerte a los comuneros para callarlos, no solo los despojan violentamente de sus territorios, también los asesinan.

La mayor cantidad de pistas clandestinas están en los distritos de Raimondi (22), Masisea (11) y Sepahua (9). Por provincias: Atalaya —en el sur de la región— encabeza la lista, con 34 pistas de aterrizaje. Le siguen Coronel Portillo, con 18, y Padre Abad, con 11. Las pistas afectan los territorios de 16 comunidades indígenas.

COMANDO VERMELHO

Ojo Público, ha informado que en estos sectores opera la organización criminal Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más grandes de Brasil, cuyo principal negocio es el narcotráfico. No vacilan en usar la extorsión, secuestro y sicariato para imponerse y controlar las rutas de insumos ilegales. Además, cobra cupos a otras actividades ilícitas, como la extracción ilegal de madera.

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COCALES EN TERRITORIOS COMUNALES

Berlín Diques, presidente de la Organización Regional de Aidesep (ORAU), ha reportado que más del 20% de comunidades nativas son afectadas por el narcotráfico. A lo largo del territorio ucayalino, al menos 80 comunidades reportan presencia de sembríos de coca. “Los cultivos de hoja de coca están a la vista”, mencionó el dirigente.

Solo por citar algunos ejemplos, en la comunidad Kakataibo Sinchi Roca —en el distrito de Irazola, provincia de Padre Abad—, se perdieron 360 hectáreas de bosque en 2022 que cayeron en manos de cocaleros. Otro caso alarmante es el de la comunidad Asháninka de Colpa, en el distrito de Tahuanía, provincia de Atalaya. Perdió 426 hectáreas en el mismo año.

FLOR DE VIOLENCIA Y DESPOJO

El último domingo, tres ministros de Estado llegaron hasta la comunidad nativa Flor de Ucayali, a la que normalmente se llega viajando dos horas en bote rápido, y 5 horas en peque peque, desde Pucallpa. Los ministros viajaron en helicóptero. Su objetivo fue escuchar a los comuneros por los reportes de amenazas de muerte y deforestación.

Nuestro medio llegó y escuchó los reclamos de los pobladores. Desde presencia del Ejército en la zona, colocación de hitos y letreros en sus terrenos, atención médica las 24 horas, un colegio, un nuevo tanque elevado, entre otros.

Esta comunidad tiene más de 3 mil hectáreas deforestadas y viven amenazados de muerte. Desde el 2018 que reportaron los hechos ilícitos, siguen esperando apoyo para evitar un ataque sangriento.

El fiscal adjunto Daniel Valera Barco, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali, reconoció que el narcotráfico aprovecha zonas alejadas y con poca presencia del Estado. “Así, tienen carta blanca para operar. Los únicos que le ofrecen resistencia son los pobladores locales”, explicó.

El 15 de julio del año pasado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) ordenó brindar protección a los líderes de Flor de Ucayali, en el marco del mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, la PNP no aprobó un plan de actividades y hasta la fecha, no hay protección.

AYUDA EXTERNA

“Es triste cuando el Estado no acciona nada, porque no hay a dónde más acudir. Vamos a ellos, pero no nos hacen caso. Se hacen de los oídos sordos”, dijo en el 2022, Herlín Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), tras ser amenazado de muerte por bandas dedicadas al narcotráfico.

Herlín Odicio es uno de los treinta líderes indígenas que viven bajo constantes amenazas de grupos vinculados al narcotráfico y al tráfico de tierras en las regiones de Huánuco y Ucayali.

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Entrevistado por nuestro medio, informó que, cansado por la inacción de diferentes instituciones del Estado peruano, decidió presentar una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Solicitar … la adopción de medidas cautelares contra el Estado peruano, de manera inmediata, debido a la urgencia y gravedad de los hechos, a favor del pueblo indígena en aislamiento Kakataibo”, refiere la solicitud presentada por Odicio y que está siguiendo su trámite.

Para hoy, seis ministros de Estado han convocado a una reunión en el cuarto piso del hotel Casa Andina, con representantes de las embajadas de Alemania, Noruega, Estado Unidos y Reino Unido, así como representantes de los pueblos indígenas para abordar la protección de los defensores ambientales.

TATIANA ZACARIAS

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