Autoridades loretanas no hacen nada frente a casos de violencia

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Ante el incremento de violencia contras las mujeres en Loreto, la oficina de la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al gobernador regional, Elisbán Ochoa, que convoque y lidere las sesiones de la Instancia Regional de Concertación Intergubernamental e Intersectorial contra la Violencia de Género.

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Las autoridades de Loreto no hacen nada frente a casos de violencia.

Según el informe del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el año pasado, los centros de emergencia atendieron más de 2531 casos. Asimismo, solo de enero a marzo del 2022 se registró 689 casos, entre ellas 124 por violencia sexual y 246 por violencia física.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Loreto, Abel Chiroque, demandó un mayor compromiso de la primera autoridad para poder enfrentar esta gran problemática. “Resulta preocupante que hasta el día de hoy los representantes de las entidades no tenga un plan de acción para prevenir y combatir la violencia sexual hacia las niñas, niños y adolescentes”.

Por otro lado, la defensoría informó que una situación similar se encuentra sucediendo en las municipalidades distritales, ya que, ni si quiera se instaló las instancias de concentración para la lucha contra la violencia.

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“Todo acto contra la mujer, niñas (os) y adolescentes debe generar una respuesta integral por parte del Estado. Incluso, se debe tener en cuenta el enfoque territorial, debido a la realidad geográfica adversa que tiene Loreto para la atención de las víctimas, así como la falta de conectividad, limitaciones en los medios de transporte, ausencia en los equipos de respuesta y programas de apoyo. Por eso, es importante las reuniones de la instancia regional para elaborar las estrategias que permitan atender a la mayor cantidad de víctimas”, concluyo Chiroque.

Es preciso resaltar que una de las funciones del gobernador regional es convocar y conducir la instancia regional de concertación en los plazos legales establecidos. Además, la Ley N° 31439, aprobada el 7 de abril del 2022, establece que al no cumplir ciertas obligaciones sería suspendido del cargo.

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